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Informe Banderas Negras 2009

Ecologistas en Acción ha presentado hoy el informe de Banderas Negras 2009. La crisis una oportunidad para la Costa, donde han sido otorgadas 311 Banderas Negras a lugares con una degradación ambiental alta y con grandes amenazas sobre sus ecosistemas y socio-economía, así como 392 Puntos Negros a lugares con pequeños o puntuales impactos que agravan la situación.

Ecologistas en Acción denuncia que la crisis esta siendo aprovechada por unos pocos que siguen enarbolando el modelo de crecimiento que precisamente la generó, como son las grandes empresas de infraestructuras y energías. Empresas que siguen reincidiendo en un modelo del pasado y que están amparadas por los fondos públicos invertidos por las diferentes administraciones. Para Ecologistas en Acción la crisis es una oportunidad para mostrar la necesidad de un cambio de modelo profundo en la sociedad y en su economía, como única posibilidad para garantizar el futuro de los pueblos costeros y de la biodiversidad marina.

El sector urbanístico, principal motor de desnaturalización de la costa, ha sufrido una desaceleración, pero las numerosas Banderas Negras concedidas este año por proyectos urbanísticos en toda la costa, demuestran que, a pesar de ello, los procesos de desnaturalización siguen muy por encima de la capacidad de carga del territorio costero. Se ha producido una alarmante aceleración del proceso de mediterranización que está sufriendo la costa norte peninsular con, por ejemplo, alrededor de 19.000 nuevos amarres en Galicia, con más de 4.000 nuevas viviendas que se prevén en los planes de ordenación urbana de Asturias y los cerca de 2.500 nuevos amarres que se prevén en el plan de Puertos de Cantabria. Por otra parte, las CCAA que ya están saturadas de estas infraestructuras continúan con las mismas políticas, buenos ejemplos de ello son, el Plan de Puertos de Cataluña, que prevé la instalación de 7.500 nuevos amarres, o los once campos de Golf previstos en Baleares.

Ante la flagrante degradación costera, las administraciones públicas, central, autonómica y local, lejos de generar un modelo sostenible, se han empecinado en aplicar la receta de más construcción como modo de generar empleo de mala calidad y gran temporalidad que, además, destruye el patrimonio natural, contribuyendo de manera muy importante a la progresiva destrucción del turismo.

En el análisis por Comunidades Autónomas, se ve un ascenso generalizado de banderas y puntos negros concedidos. Andalucía 51 banderas negras y 63 puntos negros, Asturias 21 y 13, Baleares 24 y 47, Canarias 29 y 32, Cantabria 27 y 6, Cataluña 23 y 20, Ceuta 6 y 4, Euskadi 7 y 7, Galicia 55 y 102, Melilla 2 y 4, el País Valenciano 34 y 40 y, la Región de Murcia 32 y 36.

Otro ejemplo, son los 230 millones de euros invertidos en todo el litoral por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, del Ministerio de Medio Ambiente. La mayoría de esta inversión se ha realizado en paseos marítimos y regeneraciones de playas. Obras que van contra su propio Plan Nacional de adaptación al Cambio Climático y, que nos sumirá en un callejón sin salida. Las infraestructuras más peligrosas para el mantenimiento de un perfil costero sano son los macropuertos industriales y de pasajeros. La política de inversión de fondos públicos en obra pública e infraestructuras ha acelerado la aprobación de estos proyectos, aunque algunos todavía no se han puesto en marcha debido a los procesos judiciales, la oposición de la Unión Europea y de la propia UNESCO, en el caso de Ibiza, existiendo incluso dudas sobre la rentabilidad económica de los mismos.

Ante esta extrema situación, Ecologistas en Acción solicita a las administraciones competentes y a la propia sociedad, un cambio de modelo, social y económico. Modelo que debe basarse en el estudio de la capacidad de carga del territorio y sus ecosistemas y, con programas de restauración ambiental y reconversión de sectores altamente depredadores como el turismo y la construcción. Además, Ecologistas en Acción, solicita que se comience de forma urgente a gestionar el mar para proteger actividades en peligro como la pesca tradicional.