En la pasada Junta Rectora del Parque Natural Sierra Norte, celebrada en Alanis, los representantes de Ecologistas en Acción proponen la reintroducción del Lince en fincas de titularidad pública, adecuadas para la reintroducción, en lugar de las señaladas para este espacio que tienen carácter privado.

Las Fincas UPA, Palmilla, San Antonio, la zona de reserva ecológica de compensación de Melonares, Las Navas-El Berrocal, todas ellas públicas, suman más de 15.000 hectareas y están interconectadas funcionando a modo de corredor ecológico. Precisamente, la zona de reserva ecológica de compensación de Melonares fué creada con el objetivo de la potenciación de la población de Aguila Imperial y como futuro corredor del Lince Ibérico. Sin embargo, Ecologistas en Acción ha denunciado el abandono en que se encuentra ésta última, en la que se invirtieron millones de euros, y donde los «vivares» para conejos estan destruidos y abandonados, las repoblaciones forestales destrozadas y donde no se han efectuado los cultivos para alimentación del conejo, entre otras carencias.

Ecologistas en Acción ha recordado que existe un compromiso del Ministerio de Medio Ambiente, representado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para con la Unión Europea que fué la que liberó los fondos para la construcción de Melonares, con una serie de condiciones, entre otras la de conservación durante 25 años del área de medidas compensatorias del embalse para la conservación de especies afectadas por la construcción de éste.

Para Ecologistas en Acción no es admisible que se quieran hacer convenios con fincas privadas con dinero público, cuando existen fincas públicas, con mejores características, pero que desgraciadamente estan mal gestionadas. La Consejería de Medio Ambiente debe asumir su responsabilidad como gestores públicos que son y demostrar que es viable una gestión que compatibilice la conservación de la biodiversidad con el mantenimiento de actividades económicas sostenibles que generen empleo, evitando la dejación de funciones al dejar en manos privadas la gestión de los fondos públicos destinados a la conservación de las especies en peligro de extinción. Las fincas públicas pueden y deben ser un modelo de gestión de calidad del medio natural que garantice la viabilidad de las especies clave para los ecosistemas andaluces, lejos de la realidad que históricamente presentan por intensificación de cultivos forestales, excesos cinegéticos, infraestructuras, usos públicos inapropiados, etc…

Ecologistas en Acción exige en este y en otros asuntos un compromiso con lo público, garantizando la gestión transparente mediante el establecimiento de mecanismos de participación efectivos que favorezcan la incorporación de la sociedad civil en la planificación, seguimiento y evaluación de los planes de gestión de los espacios naturales, dándole sentido a los órganios de participación que ahora se limitan a funciones de mero trámite.