El político Francisco Álvarez Cascos acusa de injurias y calumnias a uno de los abogados de la Querella Bárcenas, Enrique Santiago en un escrito en el que pide prisión y una fianza de 20.000 euros. Las organizaciones responsables de la querella (IU, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Justicia y Sociedad y Federación de Los Verdes) ratifican el apoyo incondicional a su abogado y subrayan que continuarán en su trabajo para permitir que se determinen los verdaderos culpables de este presunto caso de corrupción política y despilfarro de fondos públicos. Se concentrarán el viernes por la mañana ante los juzgados donde Santiago debe prestar declaración.

En el escrito en el que formaliza la acusación contra Santiago se asegura que «no es posible explicar la amargura, angustia, el desánimo y el daño que todas estas manifestaciones en los medios de comunicación producen en la honorabilidad y personalidad de Don Francisco Álvarez-Cascos y de su familia” para así justificar la petición de penas contra el abogado de la acusación popular.

Francisco Álvarez-Cascos preside actualmente el Foro Asturias, pero durante muchos años, y en particular los que recogen los papeles de Bárcenas, fue alto responsable del Partido Popular.

Los papeles de Bárcenas presuntamente recogen cobros de empresarios y sobresueldos a miembros del Partido Popular entre 1990 y 2009. Durante este periodo, Álvarez-Cascos fue tesorero en funciones del Partido Popular (1990 y 1993), secretario general (de 1989 a 1999), vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia en la primera legislatura de Aznar (1996 -2000), así como ministro de Fomento en la segunda (2000 – 2004). Resulta chocante que Álvarez Cascos permaneciera absolutamente ajeno a la presunta contabilidad B que reflejan los papeles de Bárcenas y más aún cuando fue ministro de Fomento, ya que la mayor parte de los pagos provenían de grandes constructoras.

La persona más citada en los papeles de Bárcenas es Paco A.C. (con distintas variaciones como PAC, Paco A. Cascos, etc.), con nada menos que 79 menciones, y en sus declaraciones de julio del año pasado y de abril de este año Luis Bárcenas atribuye estas anotaciones a pagos o cobros del exministro de Fomento.

En cuanto a la causa Gürtel, el juez Ruz pidió un informe específico a la UDEF para determinar a qué identidad correspondían las muy repetidas siglas “PAC”. Este informe (08.919 Udef-Bla, de fecha 31/01/2014) concluye que “analizados en su conjunto todos estos elementos permiten inferir a nivel indiciario que la persona cuya identidad se oculta bajo las siglas ‘PAC', en los documentos intervenidos en el marco de las D.PV. 275/´08 se trata del llamado Francisco (Paco) Álvarez Cascos”, si bien recomienda hacer más investigaciones “al objeto de profundizar en tal inferencia”.

Sin embargo, paradojas de los procedimientos judiciales, es ahora Álvarez-Cascos quien solicita para Enrique Santiago prisión preventiva y una fianza de 20.000 euros por haberlo implicado en la presunta financiación ilegal del Partido Popular, así como en el cobro de algunas de las donaciones irregulares que se recogen los papeles de Bárcenas.

Las cinco organizaciones querellantes (IU, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Justicia y Sociedad y Federación de Los Verdes) quieren dejar claro que respaldan por completo a Enrique Santiago, y que sus manifestaciones son compartidas tanto por todo el equipo de abogados como por las organizaciones querellantes. El objetivo es esclarecer la verdad en este oscuro asunto. Tanto es así que en la ampliación de la querella que presentaron el 18 de septiembre de 2013 incluyeron a Francisco Álvarez-Cascos, pidiendo que se investigara su presunta participación ilícita en esta presunta trama de financiación ilegal.

No es la primera vez que estas organizaciones reciben la amenaza de una querella por injurias y calumnias. El propio Partido Popular ya anunció una contra las cinco entidades, aunque aún no se ha materializado.

Para arropar a su abogado, las cinco organizaciones querellantes, hacen un llamado a la ciudadanía para realizar una concentración de apoyo el próximo viernes (16 mayo) a las 10:30 h en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), donde tendrá lugar la declaración.