Según hemos tenido noticia, a través de los medios de comunicación, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado la intención de reformar el artículo 185 de la LOUA, para facilitar la regularización de viviendas ilegales construidas en suelo rústico.

Resulta, cuanto menos, incongruente que se justifique esta decisión porque las viviendas ilegales construidas en parcelas subparceladas “están en un limbo de inseguridad jurídica”. Debe recordarse que tal “limbo” lo ha creado la propia Junta de Andalucía al no ser clara y tajante a la hora de definir lo que es legal y lo que no lo es. El limbo jurídico aparece por las promesas electoralistas que han recibido los delincuentes urbanísticos, que nos consta han mantenido varias reuniones con la Junta, y dado que ésta no puede hacer más que aplicar la ley, al no poder satisfacer sus demandas, se ha visto abocada a cambiarla. Es por ello que recientemente los delincuentes ilegales, se han manifestado, pidiendo una “moratoria” para las órdenes de demolición, porque la Junta no ha sido clara en este aspecto y ha creado la esperanza de que tarde o temprano este tema se arreglará en beneficio de estos delincuentes.

Estamos hablando de la forma más cancerosa de especulación del suelo rural, consistente en subdividir (ilegalmente) una parcela, construir una casa por parcela y luego venderlas. Ya no se trata de una unidad rústica, de pasado agrícola, en la que se ha levantado una casa, sino en un grupo de casas que, subrepticiamente, ha creado un asentamiento urbano. Todo ello va en contra de la ley de ordenación urbanística y los criterios de sostenibilidad, establecidos en multitud de documentos, por los que se apuesta por la ciudad compacta, un criterio unánime en la Unión Europea.

Si el decreto de regularización de las viviendas construidas en suelo rústico ya era una bendición para los delicuentes urbanísticos, esta nueva medida supone ya una claudicación del deber de la Junta de Andalucía, de velar por la aplicación de las leyes de esta comunidad. Aunque se afirma que esta medida “no supondrá la legalización” de la vivienda, sí se le está facilitando que estas edificaciones no se derriben, como establece la ley, y que puedan recibir los servicios municipales, y cumplir con el correspondiente IBI. Para los moradores del suelo rústico, estas medidas son suficientes para garantizar la creación de sus paraísos inmobiliarios.

En conclusión, con esta amnistía, de tintes claramente electoralistas, se está alentando irresponsablemente a la construcción ilegal en suelo rústico, esta vez además con el chollo de la subparcelación, que dejará de ser ilegal con tan sólo pactar con el ayuntamiento respectivo un periodo, establecido por la propia Junta de Andalucía, para que se pueda regularizar. La especulación y la corrupción, encuentran así, un nuevo camino para llenar nuestros campos de viviendas con parcelas valladas.