El comienzo del periodo de exposición pública de la reforma de la ley de caza ha comenzado con una serie de decisiones que dificultan la participación y el debate, sobre todo de los colectivos sociales de carácter ambiental.

Ya fue llamativo que en pleno mes de agosto se diera inicio a la fase de exposición pública de la reforma de la ley de caza. De siempre ese mes ha sido el elegido por las administraciones para iniciativas que pudieran tener algún tipo de contestación social. La agosticidad en los procesos de participación pública es una mala práctica que ya ha sido numerosas veces criticada.

No obstante, se confiaba en que los siguientes pasos que se dieran en la tramitación de la reforma de la ley de caza serían más abiertos y transparentes. Sin embargo, al menos los primeros, no lo están siendo.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a través de sus direcciones provinciales, ha comenzado a convocar a los Consejos Provinciales de Caza con vistas a su vez a realizar una rápida convocatoria del Consejo Regional de Caza y del Consejo Regional de Medio Ambiente.

Algunos de estos Consejos, por ejemplo el de Toledo, se ha convocado por la vía de urgencia, avisando con sólo tres días de margen para analizar la documentación y plantear una postura consensuada dentro del ámbito que cada representante en el mismo ostente. El lunes pasado llegó una convocatoria para acudir hoy jueves al citado Consejo, lo que motivó que Ecologistas en Acción pidiera un aplazamiento pues era materialmente imposible organizar la asistencia en condiciones adecuadas.

La solicitud ha sido rechazada y eso ha motivado que en el Consejo Provincial de Caza la silla de los representantes de las organizaciones ambientales estuviera vacía.

La situación dada en Toledo es especialmente grave, por cuanto es bien conocida la incidencia de esta provincia en materia cinegética, y, además, se ha sabido que los motivos de urgencia aducidos para la convocatoria no eran ciertos, puesto que en provincias como Guadalajara el consejo provincial se reunirá el 27 de septiembre.

Otro grave problema detectado en la convocatoria de los Consejos Provinciales es que junto a la reforma de la ley se ha incorporado otros punto del orden del día, la ampliación de los métodos de captura para control de depredadores y animales domésticos. Una propuesta que pretende legalizar determinados modelos de cajas trampa y lazos para ser usados por los guardas de los cotos de caza. Se ha remitido el borrador de la orden, pero no los estudios que supone que avalan su uso, por lo que se oculta información esencial para opinar sobre el tema en cuestión.

Si los primeros pasos en el proceso de participación pública de la ley de caza no van por buen camino, tampoco parece que en los próximos se vaya a mejorar. Todo apunta a que la Consejería, en su ánimo de acelerar el proceso, tiene intención de convocar los Consejos regionales de caza y de medio ambiente sin que todavía esté abierto el plazo de alegaciones oficiales y sin que se puedan conocer las que se presenten para debatirlas en los citados consejos.

Esta mala práctica, avalada por unos servicios jurídicos que sorprenden una y otra vez con informes más dignos de otros tiempos que de los actuales, dificulta sobremanera el debate público y la búsqueda de soluciones acordadas sobre puntos en conflicto.

Ecologistas en Acción reclama a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Regional, y a las direcciones provinciales, que faciliten un proceso abierto y transparente que permita una participación pública real y que no beneficie a los colectivos profesionalizados o con interés económico del mundo de la caza. Hay que realizar las convocatorias de los consejos de participación con tiempo, aportando toda la documentación necesaria sobre los puntos del orden del día, y hay que sustanciar el periodo de información pública antes de que se reúna el Consejo Regional de Medio Ambiente.

Respetando una mínimas reglas de juego consideramos que el proceso no sólo será mejor, sino que podrá seguir siendo ágil con vistas a que la reforma de la ley llegue cuanto antes al debate parlamentario.