El Parlamento Europeo votó ayer una Resolución [1] presentada por unos noventa diputados del Parlamento Europeo para pedir al Tribunal de Justicia Europeo que examinase el CETA a la luz de la ley de la UE, comprobando su legalidad.

Hasta la fecha, tanto profesores de derecho, como juristas y las asociaciones de jueces de Europa y Alemania, consideran que el Sistema Internacional de Arbitraje (ICS) propuesto en el CETA no es legal bajo la ley de la UE. Dicho sistema de arbitraje otorga el derecho a las corporaciones extranjeras a demandar a los Estados de acogida en tribunales arbitrales cada vez que aprueben una nueva ley, o normativa, que contravenga sus beneficios económicos futuros.

Sin embargo, la votación concluyó con el siguiente resultado: 258 votos a favor, 419 en contra y 22 abstenciones. Con esta votación el Parlamento Europeo muestra una vez más su intención de que el polémico tratado se apruebe por la vía rápida y sin debate. Y es una actuación cuanto más contradictoria ya que en una Resolución del 2015 sobre el tratado entre la UE y los EEUU, el TTIP, los eurodiputados exigieron que se respetaran las competencias de los tribunales de la UE y de los Estados miembros.

​Diputadas/os que han rechazado la resolución:

Estas contradicciones sólo se explican en base a la gran presión que ha habido por parte de los grupos más liberales y de los líderes socialdemócratas, para que los eurodiputados se abstuviesen de respaldar dicha resolución o votaran a favor de la misma. La votación negativa del Parlamento Europeo concretiza el riesgo de ratificar un acuerdo que podría ser incompatible con los Tratados de la Unión Europea.

Bajo ninguna sombra de duda, líderes de los grupos políticos mencionados están tratando de evitar el control legal en la ratificación del acuerdo CETA. Como afirma el eurodiputado Bart Staes: “Durante más de 17 años como miembro del Parlamento Europeo, nunca he experimentado algo así. Es indignante, una burla a la democracia, un puñado de arena tirado a la cara del conjunto de la sociedad civil crítica con este tipo de acuerdos, los cuales constituyen una amenaza potencial para nuestra democracia y nuestra sociedad. Los líderes de los grupos democristianos, socialdemócratas y liberales quieren así que no haya discusión en el Parlamento Europeo. Tratan de cortar toda crítica de raíz.”

A pesar de los evidentes intentos de evitar que el Parlamento Europeo analice seriamente el CETA antes de su votación en el pleno, la fuerte presión ejercida por otros grupos políticos y la sociedad civil ha logrado un cambio en la agenda de ratificación del acuerdo. La Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo [2] ha decidido ayer posponer la votación sobre el CETA en el mes de febrero, prevista en un primer momento para diciembre. Además, las comisiones AFET (Asuntos Exteriores), EMPL (Empleo y Asuntos Sociales), ENVI (Medio Ambiente, Salud Pública, Seguridad Alimentaria) y TRAN (Transportes y Turismo) podrán presentar opiniones sobre el Acuerdo aunque sin la posibilidad de proponer enmiendas a la Comisión INTA (Comercio Internacional) que será llamada a votar SI o NO sobre el acuerdo.

A pesar de los recientes cambios, esta agenda apretada deja muy poco margen para que las/los eurodiputadas/os puedan analizar y estudiar las 1.600 páginas del acuerdo CETA, y/o facilitar consultas con expertos y la sociedad civil. Delante de tal calendario ajustado urge la necesidad de una movilización ciudadana capaz de reclamar la apertura de debate democrático sobre el CETA [3].

La Campaña No al TTIP en la que participa Ecologistas en Acción, denuncia los intentos de ciertos grupos políticos de evitar un debate serio y necesario sobre el CETA. Un acuerdo que tendría implicaciones devastadoras en la vida de los ciudadanos europeos, que probablemente no cumple con la legalidad exigida por la ley en la UE y sus Estados miembros, ni por su proceso de elaboración ni por sus contenidos, pero cuya ratificación se está agilizando sin tregua a pesar de las muchas voces críticas y la oposición de una buena parte de la sociedad civil.