Aprobada hace cuatro años, sigue sin aplicarse.

Theo Oberhuber, Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 37.

El presente artículo es un resumen de un informe más amplio en el que se analiza la aplicación y desarrollo de la Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, aprobada en diciembre de 1998, pero que, cuatro años después, apenas si se ha puesto en marcha.

La Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en diciembre de 1998, fue luego presentada públicamente por Isabel Tocino, entonces Ministra de Medio Ambiente, el 8 de marzo de 1999. Emana del Convenio de Biodiversidad y constituye una iniciativa de gran interés ambiental, a todas luces necesaria para la preservación de la diversidad biológica en el Estado español.

A pesar de que fue el propio Ministerio de Medio Ambiente quien la promovió, con un proceso de elaboración inusualmente participativo, ha sido también dicho Ministerio, y todo el Gobierno central, quien ha paralizado casi por completo su desarrollo y aplicación. Pese a estar previsto, y ser repetidamente solicitado, la Estrategia no ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, tampoco se ha discutido en el Parlamento español, ni ha sido publicada en el BOE. Esta nítida falta de respaldo oficial a la Estrategia a su vez ha limitado la capacidad real de este documento para condicionar las políticas desarrolladas por la totalidad del Gobierno.

Compromisos incumplidos

Transcurridos más de cuatro años desde su aprobación y presentación, Ecologistas en Acción ha realizado un análisis de la aplicación de dicha Estrategia, comprobando que sigue sin ser desarrollada ni aplicada, salvo honrosas excepciones. Especial atención merecen los que se pueden considerar como los tres principales compromisos de la Estrategia: la elaboración, en un máximo de tres años, de las estrategias autonómicas de biodiversidad; la elaboración de los planes sectoriales de acción, también antes de tres años; y la modificación de diversa normativa, especialmente la actualización de la Ley 4/1989, que se debería haber realizado a lo largo de 1999.

Han sido sólo dos Comunidades Autónomas, Navarra y Murcia, de las 17 existentes, las que han finalizado la elaboración de sus estrategias autonómicas, aunque en el caso de Murcia ésta se encuentre todavía pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno. Las CC AA que están en proceso de elaboración avanzado de su estrategia son cuatro: Aragón, Canarias, La Rioja y Cataluña, esta última ya próxima a su finalización. Las once CC AA restantes o no han iniciado su elaboración o se encuentran en sus primeros trámites. Esta situación resulta inaceptable transcurridos cuatro años desde la elaboración de la estrategia española, y es una palmaria demostración del mayoritario desinterés demostrado por las administraciones autonómicas ante la Estrategia de Biodiversidad y, en general, hacia la conservación de la naturaleza.

Algo similar es lo ocurrido con la elaboración de los Planes Sectoriales. Sólo se han aprobado tres planes sectoriales de acción: Forestal, Humedales y Libro Blanco de Educación Ambiental, de los, al menos, dieciséis que la Estrategia considera esenciales, pese a que el plazo límite era diciembre de 2001. Este incumplimiento es muy grave, ya que estos planes son imprescindibles para lograr una verdadera política de conservación que incluya los principios de conservación y sostenibilidad en los diferentes sectores de actividad económica y social.

Otra de los principales compromisos incluidos en la Estrategia, y de vital importancia para la conservación de la naturaleza, es la necesidad de acometer la puesta al día de la Ley 4/89, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, la cual se debería haber desarrollado a lo largo de 1999. El incumplimiento de esta medida tiene relevancia en el sentido de que la modificación de la Ley 4/89 es esencial para el desarrollo de la mayor parte de la Estrategia. Las estrategias nacionales per se no pueden proteger ni conservar la biodiversidad sin el apoyo de instrumentos jurídicos que definan aspectos a conservar, medidas relativas al uso sostenible y la protección de la biodiversidad. Así, entre los objetivos básicos que establece la Estrategia como imprescindibles para lograr su finalidad, se encuentra “la articulación de los instrumentos normativos y financieros necesarios, ya sea mediante la adaptación de los existentes o a través de la creación en su caso de otros nuevos” (objetivo nº6). Es por ello que, con independencia del proceso de elaboración de los planes sectoriales y de las estrategias autonómicas, la Estrategia señala las reformas legislativas como una de las medidas cuya aplicación se consideraba urgente.

Además de estos tres compromisos, la Estrategia contiene un gran número de medidas a desarrollar, que en estos cuatro años tampoco lo han sido, como es el fomento de la Red Natura 2000 con el reconocimiento formal como figura de protección de las ZEPA, y la elaboración de las directrices orientadoras de los LIC; la obligación de someter al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a todos los proyectos listados en el Anexo II de la Directiva 337/1985 cuando éstos se desarrollen en espacios protegidos en la Red Natura 2000; la constitución de una nueva Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza delegada de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente; la creación de varios Centros de Biodiversidad; la elaboración de un Programa Nacional de Investigación; el fomento de la participación de las organizaciones no gubernamentales en las actividades de conservación de la naturaleza; o la actualización cada dos años del Diagnóstico de la Estrategia.

Además de las amplias carencias en el desarrollo y aplicación de la Estrategia, otra de las razones por las que este documento no está teniendo la utilidad prevista, es el escasísimo grado de conocimiento e influencia que ha alcanzado en las diferentes administraciones. Pese a que estaba prevista la realización de una campaña de difusión pública, ésta nunca se llevó a cabo, como tampoco se ha llegado a elaborar un boletín informativo específico, pese a estar anunciado.

Infraestructuras versus biodiversidad

A lo largo del informe realizado hemos podido adivinar algunos de los motivos que hicieron que el Gobierno ignorara por completo la Estrategia de Biodiversidad, e impidiera su puesta en marcha. Una de las principales razones radica en la incompatibilidad entre la aplicación plena de la Estrategia y el modelo de desarrollo insostenible que lleva a cabo el Gobierno. Efectivamente, el desarrollo masivo de infraestructuras hidráulicas y de transporte resulta poco compatible con la preservación de la biodiversidad.

De esta manera, existen varias decenas de embalses en construcción o tramitación, que inundarían áreas donde actualmente se reproducen especies en peligro de extinción, como ocurre con varios embalses de Andalucía, donde cría el lince ibérico. También la construcción de nuevas carreteras y autovías, o el desdoblamiento de las existentes, bien promovidas por el Gobierno central o por las CC AA, están dañando gravemente áreas de gran valor natural, que albergan especies animales y vegetales en peligro de extinción. Asimismo, algunos de los nuevos puertos, o ampliaciones de los ya existentes, están dañando también a especies marinas de gran interés. Finalmente, el gran desarrollo urbanístico que se está produciendo tanto en la costa mediterránea como en el entorno de las grandes ciudades, también está produciendo un daño ambiental importante, eliminando literalmente la fauna y flora existente en las extensas superficies ocupadas por esta actividad. Todas estas actuaciones se caracterizan, tanto por su elevada agresividad hacia el medio ambiente, como por la irreversibilidad de sus efectos, que pueden perdurar durante cientos de años.

Los diferentes ministerios no parecen estar dispuestos a que sus políticas puedan verse condicionadas de alguna manera desde el Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, no admiten ningún tipo de condicionante ambiental, aunque éste pudiera llegar a ser compatible con la política y actuaciones de su ministerio.

Con el manifiesto abandono de la Estrategia de Biodiversidad, que proviene del compromiso adquirido al firmar el Convenio de Biodiversidad, este Gobierno está también demostrando la escasa credibilidad que se le puede otorgar a la hora firmar convenios internacionales, así como de elaborar otras estrategias, como la de Desarrollo Sostenible actualmente en proceso de elaboración. Ecologistas en Acción ya ha transmitido al Ministerio de Medio Ambiente que no cuente con nuestro grupo para la elaboración de la citada Estrategia de Desarrollo Sostenible mientras no se aplique la de Biodiversidad. Ya basta de hacernos perder el tiempo en estrategias prometedoras que luego no sirven para nada.